Hacia la década de 1930, con un modelo agroexportador en crisis, en el país cobró impulso la industria por sustitución de importaciones, lo que pronto haría evidente la necesidad de proveerse de cuantiosos recursos energéticos. Entonces, los hidrocarburos que YPF venía extrayendo desde hacía pocos años se convirtieron en recursos de importancia estratégica para la nación.
La llegada del peronismo, hacia 1946, dio un giro al asunto: se fortaleció a YPF y se retomó el camino de la nacionalización de los recursos, lo que quedó plasmado en el emblemático artículo 40 de la Constitución de 1949, y se creó Gas del Estado, inaugurándose en 1949 -sin financiamiento externo- el gasoducto entonces más largo del mundo.
Aunque no se logró entonces el autoabastecimiento, en seis años, YPF aumentó en 50% la producción de petróleo y alcanzó a tener 84% del total de la extracción de crudo, con una política orientada a subsidiar el consumo. Aun así, la demanda crecía exponencialmente y eran necesarias nuevas importaciones. Sólo el 54% del petróleo consumido era nacional.
Entonces, el presidente Perón, poco antes de ser derrocado, cerró un acuerdo con la Compañía California Argentina de Petróleo, subsidiaria de la Standard Oil de California, en cuyo directorio figuraba Spruille Braden. El contrato fue firmado el 25 de abril de 1955, con enormes ventajas para la compañía norteamericana.
Se establecía una inversión privada de 13.500.000 dólares en cuatro años para explorar y explotar un área aproximada a los 50.000 km² en la provincia de Santa Cruz. La concesión se otorgaba por cuarenta años y la empresa se comprometía a producir 200 barriles diarios, entregarle al Estado el 50% de sus utilidades y venderle a YPF la producción al precio de Texas. Por su parte, el gobierno otorgaba exenciones impositivas, el derecho de importar libremente todos los bienes que considerara necesarios, e YPF se comprometía a realizar las costosas tareas de exploración y aportar la información disponible.
El contrato fue enviado al Parlamento, pese a la oposición de algunos diputados oficialistas. Todavía se debate si constituyó un acto de pragmatismo en vistas a solucionar un difícil aprieto energético o una traición a los principios de la constitución peronista. No obstante ello, muy pronto sobrevendría el golpe y el contrato quedaría en la nada.
Recordamos la fecha en que se firmó dicho acuerdo con una frase del diputado peronista y luego principal impulsor de la vía revolucionaria para el peronismo, John W. Cooke, quien se opuso entonces a la firma de los convenios.
Fuente: Norberto Galasso, Perón. Formación, ascenso y caída (1893-1955), pág. 704.
«Combatí el proyecto petrolero. Han quedado en el aire críticas muy serias. Por ejemplo, los excesivos privilegios que se reserva la compañía extranjera en su proyecto, la falta de obligaciones concretas y compensatorias por la concesión buscada, el lamentable sistema de arbitraje, las prórrogas interminables del contrato».
John W. Cooke
