El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Perón. En el parte oficial, el nuevo gobierno de facto decía: «…demostrada en forma irrefutable la imposibilidad de la recuperación del proceso por las vías naturales, llega a su término una situación que agravia a la Nación y compromete su futuro». Se acusaba el «tremendo vacío de poder», la «anarquía», la «ausencia total de los ejemplos éticos y morales», la «falta de una estrategia global que enfrentara a la subversión» y «el agotamiento del aparato productivo y la especulación».
El nuevo gobierno se autotituló “Proceso de Reorganización Nacional” y sus primeras medidas fueron el establecimiento de la pena de muerte para quienes hirieran o mataran a cualquier integrante de las fuerzas de seguridad, la “limpieza” de la Corte Suprema de Justicia, el allanamiento y la intervención de los sindicatos, la prohibición de toda actividad política, la fuerte censura sobre los medios de comunicación y el reemplazo del Congreso por la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), también integrada por civiles y militares, cuyas funciones nunca se precisaron detalladamente.
A poco de andar, sin embargo, quedó en evidencia que las Fuerzas Armadas habían asumido el poder político como representantes de los intereses especuladores de los grandes grupos económicos.
El influyente rol de las fuerzas militares en la política argentina data de los mismos días de las guerras de la independencia. A pesar del optimismo que despertó hace casi un siglo la aparición del yrigoyenismo y la nueva democracia de masas, pronto se sucedieron diversos golpes de estado y dictaduras militares: 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976, con la particularidad de que los golpes de la segunda mitad del siglo XX, se dieron en un contexto de escalada de la violencia social y política inédita. Así, en 1976 las Fuerzas Armadas tomaron el poder por última vez y pusieron todos los resortes del Estado al servicio de una represión sistemática y brutal contra todo lo que arbitrariamente definían como el “enemigo subversivo”. Los crímenes cometidos por los militares son hoy denominados en el derecho internacional como “delito de lesa humanidad”.
Apenas regresada la era democrática, en 1983, la lupa se posó en el conflicto armado entre el gobierno de facto y las organizaciones guerrilleras. Ésta fue, básicamente, la idea de los “dos demonios”. Pero en los últimos años ha emergido la responsabilidad de importantes sectores civiles: empresarios nacionales y extranjeros, Iglesia, medios de comunicación, consintiendo, colaborando y encubriendo las prácticas del Terrorismo de Estado. 30 mil desaparecidos, 400 niños robados y un país destruido fue el saldo más grave de la ocupación militar. El método de la desaparición de personas no era desconocido en el mundo, pero entonces fue la primera vez que se aplicó desde el Estado de forma sistemática, por lo que en Europa comenzó a hablarse de “la muerte argentina”.
Recordamos aquel trágico período a partir de las reflexiones del libertador José de San Martín, quien advertía contra los abusos de las fuerzas armadas.
Fuente: Felipe Pigna, Los mitos de la historia argentina. Vol. 2, Planeta, Buenos Aires, p. 16.
«Querer contener con la bayoneta el torrente de la libertad, es como pretender esclavizar a la naturaleza. El empleo de fuerza armada, siendo incompatible con nuestras instituciones, es el peor enemigo que ellas tienen. La patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, ni le da armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas ofendiendo a los ciudadanos con cuyos sacrificios se sostiene. La tropa debe ser tanto más virtuosa y honesta, cuanto es creada para conservar el orden, afianzar el poder de las leyes y dar fuerza al gobierno para ejecutarlas y hacerse respetar de los malvados que serían más insolentes con el mal ejemplo de los militares. La Patria no es abrigadora de crímenes.»
José de San Martín
Fuente: www.elhistoriador.com.ar
