El 23 de noviembre de 1983 la revista Siete Días salía a la calle con una edición que detonaba el manto de silencio impuesto sobre la guerra de Malvinas. Mucho se había dicho y denunciado, pero ahora trascendía a la opinión pública un informe crítico producido por los mismos militares.
Se trataba del Informe Final de la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades Políticas y Estratégico Militares en el Conflicto del Atlántico Sur, más conocido por el apellido de quien presidió la comisión, el teniente general Benjamín Rattenbach.
Esta comisión había sido creada por decreto secreto el 2 de diciembre de 1982 y tenía como misión asesorar a la Junta Militar para establecer responsabilidades y sanciones entre militares y civiles. Conformada por seis oficiales mayores, dos por cada fuerza, debería instalarse en el Congreso Nacional y solicitar informes, documentos, testimonios, antecedentes y todo elemento que se estimara útil, para “aclarar en forma completa y veraz lo sucedido”, pues “así lo exigen la soberanía nacional agraviada, la dignidad de la República Argentina y el honor de sus Fuerzas Armadas”.
El 16 de septiembre de 1983 se entregaron los resultados de la investigación: 17 volúmenes, 15 capítulos y 890 párrafos numerados, donde se analizaban con minuciosidad los antecedentes del conflicto y las actuaciones de los mandos durante la guerra y se establecían responsabilidades y penas. “La justicia deberá aplicarse con el rigor que corresponda a quien hubiese procedido con negligencia o impericia, tanto en lo político cuanto en lo militar, más aun cuando esto hubiese ocurrido en ejercicio de las altas responsabilidades de gobierno”, advertía el informe.
El contenido iba mucho más allá de lo que la Junta se había imaginado al momento de su creación. Las conclusiones sobre las responsabilidades de los altos mandos militares y civiles en la guerra fueron devastadoras y se recomendaban penas severísimas para los máximos responsables, que incluía la posibilidad de la pena de muerte. Por ello mismo, fue ordenado el ocultamiento de las copias existentes.
Pero el informe trascendió a la prensa. En dos ediciones seguidas, a fines de noviembre de 1983, la revista Siete Días alcanzó a publicar más de la mitad de la investigación, con una cobertura especial que conmovió al país. No obstante ello, el informe jamás fue revelado oficialmente. Recién el pasado 7 de febrero de 2012, la presidente Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 200 que dispuso la desclasificación del Informe Rattenbach.
En esta oportunidad, ponemos al servicio de los lectores de El Historiador algunas de las conclusiones a las que llegó la comisión al analizar los antecedentes del conflicto, específicamente las negociaciones llevadas adelante hasta el 2 de abril de 1982, cuando las instancias bilaterales estaban agotadas y el Consejo de Seguridad de la ONU decidía emitir su resolución 502, que exigía evitar el uso de la fuerza y retirar las tropas argentinas de las Islas.
En Artículos relacionados, al final de este documento, podrán acceder a otros fragmentos del Informe Rattenbach.
Fuente: Revista Siete Días, Nº 858 (23/11/83) y 859 (30/11/83), Presidencia y www.cescem.org.ar
Informe Rattenbach – II Parte – Capítulo II: Las negociaciones hasta el 02 de abril de 1982
84. A fines de Diciembre de 1981, con la designación del general Galtieri en la presidencia de la Nación, quedó integrada la nueva Junta Militar, como órgano supremo del Estado. En ese mismo mes, existen referencias de que el general Galtieri y el almirante Anaya ya habían considerado la posibilidad de la ocupación militar de las islas, como forma de forzar a Gran Bretaña a la realización de negociaciones serias y definitivas. En el mes de enero de 1981, el Brigadier General Lami Dozo se incorporó a la misma idea.
85. Es decir, que la nueva Junta asumió su cargo en el momento en que la negociación se encontraba en un «IMPASSE», como resultado de la última reunión del Doctor Camilión [canciller argentino durante 1982] con Lord Carrington [canciller inglés] en septiembre de 1981, en la que este último había dado a entender la poca predisposición británica para seguir seriamente las negociaciones.
(…)
86. La «Propuesta de reactivación» que propuso Costa Méndez [sucedió como canciller a Camilión, hasta junio de 1982] en ese momento (27-ENE-82), fue una medida paralela a la planificación militar que se inició aproximadamente en esa fecha.
89. El canciller Costa Méndez no produjo ningún asesoramiento en el sentido de advertir al Comité Militar acerca de las consecuencias políticas y diplomáticas de la ocupación militar, ni tampoco acerca del momento elegido, en relación a una evaluación estratégica en el marco mundial y americano, la que nunca se realizó formalmente, y que estaba en su alta responsabilidad el hacerlo.
94. En estas condiciones, resultó inexplicable la premura por la ocupación. En la obsesión de resguardar la sorpresa estratégica, se eligió el peor momento desde el punto de vista de la política internacional. Lo sensato era superar la crisis de las Georgias [que detonó el conflicto, ver en otro documento] y mantener la previsión de ocupación para una fecha posterior, y enderezar, mientras tanto, nuestra política exterior hacia el campo de los «No alineados», para conquistar su apoyo. Esto debió ser advertido por el ex canciller.
95. También debe imputársele [al canciller] una errónea evaluación sobre la actitud que asumiría EE.UU. en caso de conflicto, a la luz de los intereses políticos en juego
104. EL GOBIERNO ARGENTINO TUVO, DESDE EL PRIMER MOMENTO (01-ABR), LA RATIFICACIÓN PRECISA DE QUE EE.UU. APOYARÍA A GRAN BRETAÑA EN EL CASO DE DESATARSE EL CONFLICTO ARMADO.
Fuente: www.elhistoriador.com.ar
