Fuente: Revista Primera Plana, Nº 320, 11 de febrero de 1969, pág. 16.
Cuatro días fueron suficientes: nunca una misión del Fondo Monetario Internacional cumplió con tanta rapidez su cometido como la que el viernes pasado partió rumbo a Washington después de haberse anunciado que este año no se renovará el acuerdo stand-by cuya no utilización durante 1968 permitió a la Argentina ingresar en el llamado supertramo oro, que forman los países acreedores del Fondo. No abundaron las explicaciones: ni el jefe de la delegación, Jorge del Canto, ni el Ministro de Economía, fueron muy explícitos al terminar las negociaciones. Solamente por otros funcionarios menores pudo saberse que el Gobierno no necesita fortalecer su posición de divisas, sino volcar toda su atención en las conversaciones con el Banco Mundial, promisorio suministrador de fondos, para financiar los grandes proyectos que debe encarar el Gobierno.
Por el lado del Banco Central también las explicaciones tienden a disipar sospechas: el apoyo del Fondo se utiliza para fortalecer una eventual deficiencia de reservas monetarias, pero ese flanco no corre peligro en 1969 y si fuese necesario cubrir faltantes menores se recurriría a un expediente ya utilizado: los créditos de bancos privados. Durante 1968 se tomaron dos préstamos, de 10 y 17 millones de dólares respectivamente, a un plazo de 180 días: «Estos créditos –se alega– pueden conseguirse con facilidad y todavía no se apeló los swaps de la banca internacional; además, son operaciones que pueden negociarse sin contraer compromiso alguno».
A pesar de las versiones oficiales, la verdadera razón de que no se haya renovado el acuerdo parece ser otra: la misión del Banco Mundial que se encuentra ahora en el país tiene por cometido elaborar un informe sobre la situación económica argentina y sus posibles proyecciones a mediano plazo. El problema de la política monetaria está incluido, pero su análisis no es tan profundo como el del FMI.
En realidad, el Gobierno siempre tuvo cierta libertad para manejar la política monetaria sin incurrir en las iras del FMI: en 1967 la conducción pudo utilizar la solución de las retenciones económica y los ingresos de capitales para incrementar la expansión de medios de pago más allá de las cifras que se habían comunicado a la institución. En 1968 nuevamente pudo inyectar circulante por otro costado no incluido en el acuerdo stand-by: la reforma bancaria. Pero ahora se presenta un nuevo año, seguramente con marcadas exigencias por el lado social y sin ningún mecanismo para empujar la expansión fuera de los recursos tradicionales de la emisión y el redescuento, que sí caen bajo el dominio de los convenios con el Fondo. No quedaba otra salida que tratar de eludir sus exigencias ortodoxas, dejando de lado el acuerdo. La semana pasada, funcionarios que presumían de enterados de lo sucedido en la última reunión entre Krieger Vasena y del Canto admitían que no todo fue fácil para la parte argentina. El FMI habría objetado el volumen de expansión de medios de pago, que no guarda, a su juicio, una relación óptima con el más moderado crecimiento del producto bruto interno: al 31 de diciembre de 1967 los medios de pago alcanzaban a 1.634.000 millones de pesos; un año más tarde habían trepado a 2.038.000 millones, lo que representa un alza del 27 por ciento. El tirón de orejas se extendió a otros temas: el Estado no pudo encontrar todavía la manera de sanear una vieja deuda de la Junta Nacional de Granos con el Banco Central, contraída por el sistema de redescuentos –para el FMI una emisión como cualquier otra– y que al 31 de diciembre de 1963 ascendía a 29.400 millones de pesos. El análisis del organismo objetó otros temas, como la timidez para encarar la racionalización ferroviaria y de la administración central, y manifestó serias dudas acerca de las estimaciones del ingreso de divisas por el intercambio comercial; concretamente se tildó de excesivamente optimista el cálculo de un ingreso de 1.500 millones de dólares para 1969, formulado por el Ministerio de Economía.
Todos los indicios permiten inferir que hasta el momento no está definida a nivel del Poder Ejecutivo la política monetaria para 1969, una falta de determinación que obedecería al enfrentamiento de dos posiciones contrarias: la sustentada por el Ministerio de Economía y el Banco Central, que aceptan una expansión de 35.000 millones de pesos para apuntalar a la Tesorería y otra de 20.000 millones vía redescuentos, y la tesis del Ministerio de Bienestar Social, que reclama redescuentos por 50.000 millones de pesos, los que se sumarían a una emisión de títulos en condiciones más favorables que las ofrecidas actualmente por los bonos del Gobierno por 30.000 millones. Se reuniría así una masa de 80.000 millones de pesos, cuyo destino sería la puesta en marcha del plan de vivienda.
Llevar adelante estas aspiraciones implicaría una expansión monetaria que no parece ser del agrado del equipo económico, más bien inclinado a obrar con moderación. Sin embargo, la posición de cautela de Krieger Vasena y su equipo deberá enfrentar no solamente los planes de vivienda que agita el Ministerio de Bienestar Social, sino también la ayuda a las provincias exhibida por Díaz Colodrero y el mismo plan de obras viales. Hasta la propia Casa Rosada no parece tener mucho interés en limitaciones, que podrían entorpecer las cosas cuando llegue el momento de dar otro énfasis al tiempo social.
