El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Perón. En el parte oficial, el nuevo gobierno de facto decía: «…demostrada en forma irrefutable la imposibilidad de la recuperación del proceso por las vías naturales, llega a su término una situación que agravia a la Nación y compromete su futuro». Se acusaba el «tremendo vacío de poder», la «anarquía», la «ausencia total de los ejemplos éticos y morales», la «falta de una estrategia global que enfrentara a la subversión» y «el agotamiento del aparato productivo y la especulación».
El nuevo gobierno se autotituló “Proceso de Reorganización Nacional” y sus primeras medidas fueron el establecimiento de la pena de muerte para quienes hirieran o mataran a cualquier integrante de las fuerzas de seguridad, la “limpieza” de la Corte Suprema de Justicia, el allanamiento y la intervención de los sindicatos, la prohibición de toda actividad política, la fuerte censura sobre los medios de comunicación y el reemplazo del Congreso por la Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), también integrada por civiles y militares, cuyas funciones nunca se precisaron detalladamente.
A poco de andar, sin embargo, quedó en evidencia que las Fuerzas Armadas habían asumido el poder político como representantes de los intereses especuladores de los grandes grupos económicos.
El influyente rol de las fuerzas militares en la política argentina data de los mismos días de las guerras de la independencia. A pesar del optimismo que despertó hace casi un siglo la aparición del yrigoyenismo y la nueva democracia de masas, pronto se sucedieron diversos golpes de estado y dictaduras militares: 1930, 1943, 1955, 1962, 1966 y 1976, con la particularidad de que los golpes de la segunda mitad del siglo XX, se dieron en un contexto de escalada de la violencia social y política inédita. Así, en 1976 las Fuerzas Armadas tomaron el poder por última vez y pusieron todos los resortes del Estado al servicio de una represión sistemática y brutal contra todo lo que arbitrariamente definían como el “enemigo subversivo”. Los crímenes cometidos por los militares son hoy denominados en el derecho internacional como “delito de lesa humanidad”.
Apenas regresada la era democrática, en 1983, la lupa se posó en el conflicto armado entre el gobierno de facto y las organizaciones guerrilleras. Ésta fue, básicamente, la idea de los “dos demonios”. Pero en los últimos años ha emergido la responsabilidad de importantes sectores civiles: empresarios nacionales y extranjeros, Iglesia, medios de comunicación, consintiendo, colaborando y encubriendo las prácticas del Terrorismo de Estado. 30 mil desaparecidos, 400 niños robados y un país destruido fue el saldo más grave de la ocupación militar. El método de la desaparición de personas no era desconocido en el mundo, pero entonces fue la primera vez que se aplicó desde el Estado de forma sistemática, por lo que en Europa comenzó a hablarse de “la muerte argentina”.
Recordamos aquel trágico episodio de la historia nacional con las reflexiones del historiador Tulio Halperín Dongui, quien advertía la diferencia moral existente entre las violencias que surgían de las guerrillas y de las fuerzas armadas en poder del Estado.
Fuente: Tulio Halperin Donghi en Felipe Pigna, Lo pasado pensado. Entrevistas con la historia argentina (1955-1983), Buenos Aires, Editorial Planeta, 2005, pág. 341.
«Hay una teoría de los dos demonios, pero son dos demonios muy diferentes. Hay un elemento diferenciador entre la violencia surgida de la iniciativa de los guerrilleros, y una violencia que comienza con el secuestro del Estado y el uso de todos los recursos del Estado para ciertas funciones que los que lo han capturado deciden que son importantes y que imponen al resto de la sociedad. Creo que aquí hay una diferencia básica, que tiene una dimensión moral. Y que caracteriza muy bien la naturaleza muy diferente de los dos movimientos.»
Tulio Halperin Donghi
