A fines de abril de 1886, un grupo de obreros anarquistas lanzó en Chicago una campaña para lograr la jornada de ocho horas. Era común por aquel entonces que los obreros trabajaran 14, 16 y hasta 18 horas diarias. A la histórica manifestación, celebrada el 1º de mayo, concurrieron casi 200.000 personas. Siguieron nuevas movilizaciones los días 2 y 3 de mayo, que fueron brutalmente reprimidas.
El 4 de mayo los trabajadores se manifestaron cerca del Haymarket Square (Plaza del Mercado del Heno) en protesta por la violencia desatada contra ellos. La manifestación, que contaba con el permiso de las autoridades, se llevó a cabo en forma pacífica, pero a su término la policía arremetió contra los que aún quedaban concentrados e intentó dispersarlos. Alguien arrojó una bomba y murieron varios uniformados. Inmediatamente, se desató la furia policial y en pocos minutos los muertos se contaban por docenas. Pronto se declaró el estado de sitio y se detuvo a centenares de obreros, entre ellos a algunos líderes anarquistas.
Inicialmente quedaron imputadas treinta y una personas, pero finalmente los acusados fueron ocho: Adolph Fischer, Augusto Spies, Albert Parsons, George Engel, Louis Lingg, Michael Schwab, Samuel Fielden y Oscar Neebe, todas destacadas figuras de la Internacional. (Asociación Internacional de Trabajadores)
El juicio, que comenzó el 21 de junio, fue una farsa desembozada. El juez dispuso que fuese colectivo, lo que constituía una anomalía que permitía la inclusión de todo tipo de pruebas contra los acusados. Los miembros del jurado no fueron elegidos mediante el procedimiento usual. Fueron seleccionados por un funcionario estatal y confirmados como jurados incluso después de manifestar abiertamente que tenían una opinión formada contra los acusados, algo inadmisible en un juicio imparcial. Uno de ellos confesó incluso que era pariente de una de las personas heridas por la bomba.
Durante el juicio no se logró la identificación de la persona que arrojó el artefacto explosivo. Por lo tanto resultó imposible establecer los vínculos entre éste y los imputados. Pero esto no pareció importar demasiado. Se intentaba escarmentar en estos ocho acusados a la clase trabajadora en su conjunto. El fiscal Grinnel lo expuso sin tapujos en su arenga final el 11 de agosto de 1886: “Estos hombres han sido seleccionados porque fueron líderes. No fueron más culpables que los millares de sus adeptos. Señores del jurado: ¡declarad culpables a estos hombres, haced escarmiento con ellos, ahorcadles y salvaréis a nuestras instituciones, a nuestra sociedad!”
El 28 de agosto el jurado dictó sentencia. Parsons, Spies, Fielden, Schwab, Fischer, Lingg y Engel debían ser colgados, en tanto Neebe fue condenado a 15 años de prisión. Pero Fielden y Schwab solicitaron el perdón al entonces gobernador de Illinois, Oglesby, quien accedió a conmutarles la pena por prisión perpetua. Los otros cinco exigieron la libertad o la muerte.
El 11 de noviembre de 1887 cuatro de ellos –Parsons, Spies, Fischer y Engel- fueron ahorcados. Lingg se había suicidado el día anterior, aunque existen dudas sobre si se trató de un suicidio voluntario. No tardarán en ser recordados como los “mártires de Chicago”.
Años más tarde John Peter Altgeld asumió como gobernador de Illinois. Ante una petición formal de indulto, firmada por 60.000 personas, el flamante gobernador investigó los hechos y se llenó de horror. Se trataba de una farsa premeditada, un crimen cometido en nombre de la ley.
Compartimos aquí las palabras de Altgeld al otorgar el “perdón absoluto” a Samuel Fielden, Oscar Neebe y Michael Schwab el 26 de junio de 1893. El texto desnuda minuciosamente las irregularidades del proceso que castigó a ocho anarquistas por un delito que no cometieron.
Fuente: Lucy E. Parsons, Gov. John P. Altgeld’s pardon of the anarchists and his masterly review of the Haymarket riot, Chicago, Lucy E. Parsons Publisher, págs. 286-310. Traducción: Mariana Pacheco para El Historiador.
En la noche del 4 de mayo de 1886, se llevó a cabo una manifestación en la plaza Haymarket, en Chicago; había entre 800 y 1000 personas, la mayoría trabajadores. Fue convocada como protesta ante la presunta brutalidad policial contra los obreros que intentaban obtener la jornada de ocho horas. En un enfrentamiento habían muerto varias personas.
La reunión (del 4 de mayo) fue pacífica y contó con la presencia del alcalde, quien se quedó hasta que la multitud comenzó a dispersarse, y luego se retiró. Cuando el capitán John Bonfield, del departamento de Policía, supo que el alcalde se había ido, se dirigió con un destacamento de la policía al lugar de reunión con el propósito de dispersar a los pocos que aún quedaban. Mientras la policía se acercaba al lugar, un desconocido arrojó una bomba, que al explotar dejó a muchas personas heridas y mató a varios policías; uno de ellos era Mathias Degan.
Varias personas fueron detenidas, y al cabo de un tiempo, Augusto Spies, Albert R. Parsons, Louis Lingg, Michael Schwab, Samuel Fielden, George Engel, Adolph Fischer y Oscar Neebe fueron acusados del asesinato de Mathias Degan. La fiscalía no pudo identificar a la persona que arrojó la bomba ni logró llevar ante la justicia al verdadero culpable, y, como algunos de los acusados no habían participado en la manifestación de Haymarket ni tenían nada que ver con ella, la fiscalía se vio obligada a proceder sobre la teoría de que los acusados eran culpables de asesinato –según se adujo- porque en varias oportunidades en el pasado habían prácticamente instigado, en lenguaje incendiario y sedicioso oral e impreso, al asesinato de policías, de los hombres de Pinkerton y de otros que desempeñaban cargos similares, y que eran, por lo tanto, responsable del asesinato de Mathias Degan.
Había una gran agitación en la opinión pública, y tras un juicio prolongado, todos los acusados fueron declarados culpables; Oscar Neebe fue condenado a quince años de cárcel y todos los demás fueron condenados a la horca.
El caso fue elevado a la Corte Suprema, que en el otoño de 1887 confirmó la sentencia. Poco después Lingg se suicidó. La sentencia de Fielden y Schwab fue conmutada por la de cadena perpetua, mientras que Parsons, Fischer, Engel y Spies fueron ahorcados; hay ahora peticiones que intentan que se conceda la libertad a Neebe, Fielden y Schwab.
Los varios miles de comerciantes, banqueros, jueces, abogados y otros ciudadanos prominentes de Chicago que solicitaron el indulto ejecutivo, mediante cartas, peticiones y otras vías, lo han hecho suponiendo que los imputados son culpables, pero creyendo que ya han recibido suficiente castigo; sin embargo, muchas personas que analizaron el caso con más cuidado, y que, estando más familiarizadas con los expedientes y con los hechos que arrojan los archivos, presentan fundamentos muy distintos. Ellos aseguran:
Primero. Que el jurado que juzgó el caso fue seleccionado y formado con la intención manifiesta de condenar a los acusados.
Segundo. Que los miembros del jurado, de acuerdo a lo que ellos mismos manifestaron, no eran competentes, por lo que el proceso carece de legalidad.
Tercero. Que los acusados no fueron encontrados culpables del crimen del que se los acusaba.
Cuarto. Que el fiscal declaró que no había pruebas para procesar a uno de los acusados, Neebe, a pesar de lo cual se lo mantuvo en la cárcel durante todos estos años.
Quinto. Que el juez de primera instancia, ya sea por estar predispuesto contra los acusados o bien por procurar conquistar los aplausos de una determinada clase de la comunidad, no logró garantizar un juicio justo.
Respecto a la cuestión de que los condenados han recibido ya suficiente castigo, me limitaré a decir que el poder ejecutivo no debería intervenir, de haber tenido un juicio justo y de no haber aparecido evidencias de que no eran culpables del crimen del que se los acusó. (…)
¿Hubo parcialidad en la elección del jurado?
Los registros del proceso muestran que el jurado no se formó como se hace usualmente…. (…) El juez designó a un tal Henry P. Ryce, agente judicial especial, para citar a los individuos que servirían como miembros del jurado. (…) En la página 134 del tomo primero del expediente, consta que cuando se habían completado las dos terceras partes del jurado, el abogado defensor llamo la atención del tribunal respecto al hecho de que Ryce convocaba únicamente a hombres con prejuicios. Además, se destaca que se convocaba únicamente a hombres pertenecientes a determinadas clases, como empleados, comerciantes, fabricantes, etc.
La declaración jurada de Otis S. Favor, uno de los empresarios de más reputación de Chicago, constituye otra prueba de la conducta impropia de Ryce (…) En ella jura que conoce muy bien a Henry L. Ryce, del condado de Cook, Illinois, alguacil especial encargado de citar a los miembros del jurado… (…) . Que conversando con Ryce cuando este ejercía sus funciones especiales, Ryce le dijo: «Yo estoy manejando este caso y sé lo que hago. La ejecución de estos individuos en la horca es tan segura como la muerte. Estoy convocando a hombres que la defensa tendrá que recusar hasta agotar su tiempo y sus recusaciones. Entonces tendrá que aceptar los hombres que el fiscal quiera.» (…) (Favor) hizo esta declaración en noviembre de 1887. (…)
Según se desprende del expediente, se examinaron 981 individuos; la mayoría eran empresarios u hombres sugeridos por empresarios.
¿Hay evidencias de culpabilidad?
El Estado nunca encontró a los responsables de arrojar la bomba que mató al policía, y la evidencia no demuestra ninguna conexión entre los acusados y el hombre que la arrojó. El juez que intervino en la causa se manifestó de la siguiente manera tanto al denegar la moción para una nueva audiencia como en un artículo publicado recientemente en una revista: “Los acusados no fueron condenados por haber tenido alguna participación en el acto específico que causó la muerte de Degan; fueron condenados porque ellos en general en sus discursos y en sus impresos, habían aconsejado a grandes cantidades de personas, no a individuos particulares, sino a grandes cantidades, cometer asesinato, y habían dejado la concreción de tal crimen -la hora, el lugar y el momento- a voluntad y capricho de la persona que escuchaba tal consejo, y como consecuencia de tal consejo, siguiendo tal consejo e influenciado por tal consejo, alguien a quien no conocemos sí arrojó la bomba que causó la muerte de Degan. Ahora, si esto no es un principio del derecho, entonces, por supuesto, los acusados tienen derecho a un nuevo juicio. Este caso no tiene precedente; no hay jurisprudencia de un caso de este tipo”.
Sin dudas, el juez decía la verdad cuando declaraba que este caso no tiene precedentes, y que no había ningún ejemplo en los códigos de leyes que aplicara la ley en el sentido declarado aquí arriba. Porque, en todos los siglos durante los cuales los hombres se han dado gobiernos y el crimen fue castigado, nunca antes un juez de un país civilizado ha establecido semejante ley.
Quienes defienden a los acusados y peticionaron por ellos sostienen que la ley se aplicó en este caso de este modo sencillamente porque la fiscalía, al no haber descubierto al verdadero criminal, no habría podido condenar a nadie, que este curso de acción se determinó para aplacar la agitación pública y que por los mismos motivos se permitió que el juicio continuara.
No voy a discutir esto. Pero aun aceptando la ley en el sentido arriba expuesto, era necesario probar –fuera de toda duda razonable- que la persona que cometió el atentado había oído o leído, por lo menos, el consejo, porque si no lo oyó ni lo leyó, no puede decirse que lo recibió…
También destacan que toda los argumentos que se encuentran en el expediente, muy citados por el juez en su artículo para demostrar el uso de un lenguaje sedicioso e incendiario por parte de los acusados reviste muy poca importancia cuando se considera la fuente de donde proviene; los dos periódicos en los que algunos artículos aparecieron a intervalos durante algunos años eran hojas oscuras que apenas tenían circulación.
Respecto a la gigantesca conspiración anarquista, no merece una consideración seria, teniendo en cuenta que a las reuniones que tenían lugar a la orilla del lago durante el verano, convocadas por estos agitadores, solo concurrían unas cincuenta personas…
Se destaca, además, que esta bomba fue arrojada, muy probablemente, por alguien que buscaba venganza personal; que las autoridades se habían conducido de modo tal que era natural que sucediera eso; que algunos años antes del asunto Haymarket había habido agitación obrera y que, en varias oportunidades, trabajadores inocentes habían sido asesinados a sangre fría por los hombres de Pinkerton, sin que la justicia castigase a los asesinos; (…) que en Chicago había habido varias huelgas en que la policía, (…) sin ninguna autorización, invadió y dispersó reuniones pacíficas, y en muchos casos apaleó brutalmente a hombres inocentes. (…)
Señalan además que en la primavera de 1886 hubo más agitación obrera en la fábrica Mc Cormick; que bajo la dirección del capitán Bonfield, las brutalidades del año anterior se multiplicaron; que la policía cometió asesinatos sin ningún tipo de provocación y sin que se hiciera la más mínima investigación. (…)
Señalan también que gran parte de la evidencia presentada en el juicio fue pura invención; que algunos prominentes oficiales de policía no sólo aterrorizaron a hombres inocentes, encerrándolos en la cárcel y amenazándolos con la tortura si se negaban a jurar lo que ellos deseaban, sino que hasta llegaron a ofrecer dinero y empleo a los que accedían a hacer esto. Además, planificaron deliberadamente montar falsas conspiraciones para tener la “gloria” de descubrirlas.
También hacen referencia a varios documentos, entre ellos una entrevista al capitán Ebersold, publicada en el Daily News (Diario de Noticias) de Chicago, el 10 de mayo de 1889. Ebersold era jefe de la policía de Chicago cuando tuvieron lugar los sucesos de Haymarket. Entre otras cosas dice: «Después de que aniquilamos las sociedades anarquistas, Schaack quiso enviar agentes que organizasen nuevas sociedades. Quería tener la cosa en ebullición para conservar su prominencia ante el público. Yo me negué».
Esto es de suma importancia, por cuanto arroja luz sobre toda la situación y destruye gran parte de la fuerza del testimonio presentado en el juicio.
Los hechos tienden a demostrar que la bomba fue arrojada por una persona que procuraba una venganza personal, y que el fiscal nunca descubrió quién la arrojó, y la evidencia no prueba en absoluto que el hombre que la arrojó haya leído u oído una palabra de los acusados; (…) por lo tanto no había pruebas para procesar a los acusados…
Fielden y Schwab
Durante el juicio detectives y policías dijeron bajo juramento que durante la manifestación de Haymarket el acusado Fielden prorrumpió en amenazas de muerte en el momento en que llegaba la policía (…) y un policía jura que Fielden sacó un revólver y disparó contra la policía antes de que se arrojara la bomba…
Pero algunos periodistas, que el estado llamó como testigos, dijeron que Fielden no hizo tales amenazas, ni usó ningún revólver. (…) Si quedaba alguna duda sobre las pruebas contra Fielden éstas fueron disipadas por el juez Gary y el fiscal Grinnell del Estado. (…)
En el otoño de 1887, algunos de los empresarios más destacados de Chicago se reunieron para consultar si debían solicitar un indulto para alguno de los condenados. El Sr. Grinnell estaba presente y manifestó que tenía serias dudas sobre si Fielden tenía un revólver en aquella ocasión, e incluso sobre si alguna vez había tenido uno.
Sin embargo, durante la primavera anterior, ante la Corte Suprema, se había hecho mucho hincapié en las pruebas relacionadas con lo que Fielden había hecho en la reunión Haymarket.
Resulta evidente que no había pruebas contra Fielden por algo que hubiera sucedido aquella noche, y como queda demostrado, para ser considerados culpables él y los demás acusados por las consecuencias y efectos de instigación perniciosa y criminal a la violencia ante grandes masas, ya fuera en discursos o impresos, debe demostrarse que la persona que cometió el atentado haya leído u oído tal instigación: porque no puede decirse que el culpable actuó bajo tal instigación si nunca la recibió.
Declaraciones del fiscal sobre la inocencia de Neebe
El honorable Carter H. Harrison, entonces alcalde de Chicago, y el Sr. F. S. Winston, procurador general de Chicago, tuvieron una conversación con el fiscal Grinell respecto a la evidencia contra Neebe. Según los señores Harrison y Winston, el fiscal manifestó que no creía que hubiese pruebas contra Neebe, y que quería dejarlo fuera del proceso, pero que sus colegas lo disuadieron por temor a que semejante paso influyera al jurado en favor de los demás acusados.
He analizado cuidadosamente toda la evidencia que existe contra Neebe y no pude hallar ni la sombra de un cargo contra él. Algunos de los otros acusados eran culpables de utilizar un lenguaje sedicioso, pero ni siquiera esto puede atribuirse a Neebe.
Prejuicios o complacencia del juez
Los que defienden a los prisioneros también manifiestan con amargura que consta en el expediente que el juez condujo el juicio con una ferocidad maliciosa y forzó a los ocho hombres a ser juzgados en conjunto; que en el interrogatorio de los testigos provistos por el Estado, el juez obligó a la defensa a limitarse a ciertos puntos específicos, mientras que al interrogar a los testigos de los acusados permitió que la fiscalía inquiriera sobre temas totalmente ajenos a las hechos; también manifiestan que a lo largo del juicio todos los dictámenes fueron favorables al Estado. Además, folio tras folio el expediente contiene insinuaciones del juez, con la evidente intención de alinear al jurado con su particular punto de vista, y que estas exposiciones, que provenían del juez, fueron mucho más perjudiciales que cualquier arenga del fiscal del Estado; que el fiscal a menudo se inspiró en el ejemplo del juez en sus exposiciones. (…)
Estas acusaciones son de carácter personal, y aunque parecen respaldadas por los expedientes del juicio y por los documentos que tengo ante mí y tienden a demostrar que los acusados no tuvieron un juicio justo, no creo necesario seguir discutiendo este aspecto del caso. Estoy convencido de que es mi deber ttragediomar partido por las razones expuestas y, por lo tanto, concedo el perdón absoluto a Samuel Fielden, Oscar Neebe y Miguel Schwab, hoy 26 de junio de 1893.
26 de junio de 1893. John P. Altgeld.
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