En el centenario de la Reforma Universitaria compartimos el primer capítulo del libro ¿Revolución en los claustros? La Reforma Universitaria de 1918, una investigación de Pablo Buchbinder donde analiza el impacto de la reforma universitaria en el ámbito académico y político, rastreando sus antecedentes en el siglo XIX.
Buchbinder es doctor y licenciado en Historia de la UBA, profesor asociado regular de Historia social moderna y contemporánea de la Carrera de Sociología, Universidad de Buenos Aires; investigador independiente del CONICET y coordinador del programa Historia y memoria: 200 años de la Universidad de Buenos Aires. Entre sus libros se encuentran Historia de la facultad de filosofía y letras, Caudillos de pluma y hombres de acción: estado y política en corrientes en tiempos de la organización nacional, Historia de las universidades argentinas, Una revolución en los claustros. Masividad, fragmentación, heterogeneidad: el sistema universitario argentino: 1983-2008; Apuntes sobre la formación del movimiento estudiantil argentino (1943-1973), Los quesada: letras, ciencias y política en la Argentina.
El libro da cuenta del contexto histórico y las características de las universidades en el siglo XIX, las polémicas de entonces, los propósitos y objetivos de los estudiantes que protagonizaron el movimiento reformista, el papel de las autoridades de las universidades. También se refiere al impacto del movimiento en las universidades de Santa Fe, Tucumán, Buenos Aires y La Plata, y a la proyección latinoamericana.
Fuente: Pablo Buchbinder, ¿Revolución en los claustros? La Reforma Universitaria de 1918, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 2008, págs. 9-21.
Los universitarios, entre la política, la profesión y las aulas
Una ocupación mediante el uso de la fuerza
El 9 de septiembre de 1918, a las ocho de la mañana, un grupo integrado por unas setenta personas irrumpió en el edificio de la Universidad de Córdoba de manera violenta y lo ocupó. Se trataba de un grupo de estudiantes que había salido segundos antes del local de su federación, situado justo enfrente, y que con esta medida procuraba llamar la atención del gobierno nacional. Declararon que la casa de estudios quedaba bajo la superintendencia de la federación universitaria y designaron a sus principales dirigentes, Horacio Valdés, Enrique Barros e Ismael Bordabehere para hacerse cargo de las facultades de Derecho, Medicina e Ingeniería, respectivamente. Estos tres líderes asumirían, al mismo tiempo y en forma conjunta, la presidencia de la universidad y tendrían potestad para designar profesores interinos.
Pocas horas después, fuerzas militares y policiales entraron en el recinto de la institución sin encontrar resistencia. En la operación intervino un juez federal y los estudiantes fueron detenidos y procesados por sedición, aunque liberados pocos días después y las causas judiciales quedaron sin efecto. Sin embargo, la repercusión pública del acontecimiento motivó que se acelerara la partida hacia Córdoba del nuevo interventor en la universidad, el ministro de justicia e instrucción pública, José S. Salinas.
Este episodio constituye uno de los momentos más álgidos del llamado proceso de la reforma universitaria, que constituye el tema central de este texto. Se trata de un acontecimiento central en la historia argentina de la primera mitad del siglo XX, y que tuvo también notables repercusiones en muchos estados de América Latina. En Córdoba la reforma conmovió los cimientos de la organización y gobierno de su universidad, una institución que durante varias décadas había mostrado una notable capacidad para resistir los cambios. El movimiento reformista fue liderado entonces por un conjunto de jóvenes universitarios y algunos graduados recientes. ¿Cuáles eran sus objetivos? ¿Intentaban modificar sólo el sistema de gobierno o también las mismas características y modalidades de la enseñanza superior? ¿Qué papel jugaron las autoridades nacionales y las de las mismas universidades? ¿Qué obstáculos encontraron en su camino y cómo transformaron la vida académica? A estas preguntas intentamos dar respuesta en las páginas que siguen.
Contra la tutela eclesiástica
Es probable que para encontrar en la historia de la casa de estudios cordobesa un conflicto de tal gravedad haya que remontarse más de treinta años atrás, hasta 1884. A principios de ese año, un joven estudiante de abogacía, Ramón J. Cárcano, presentó su tesis de doctorado. La reglamentación impuesta poco tiempo antes establecía, como requisito para obtener el título de doctor en jurisprudencia, la presentación de un trabajo escrito sustituyendo así a la ignaciana, el antiguo examen vigente desde los tiempos de los jesuitas que habían fundado allí la casa de altos estudios a principios del siglo XVII. La de Córdoba era la universidad más antigua del territorio rioplatense. Como la mayoría de las instituciones universitarias coloniales controladas por órdenes religiosas había estado orientada, en sus orígenes, hacia los estudios de teología. Después de la expulsión de los jesuitas en 1767, quedó bajo el control de los franciscanos. A principios del siglo XIX había sido, de alguna manera, refundada y situada bajo la jurisdicción de la corona española. En 1820 fue provincializada y transferida, finalmente, a la órbita nacional en 1854.
El tema de la tesis de Cárcano era el de la igualdad de los derechos civiles de los “Hijos naturales, adulterinos, incestuosos y sacrílegos”. La presentación de la tesis provocó una notable convulsión en el mundo político y cultural cordobés. Un grupo eminente de profesores con viejo arraigo en la sociedad local sostuvo que el trabajo era inaceptable, como recordaría el mismo Cárcano: “… por contrario a las doctrinas de la iglesia…”. Para estos profesores, la universidad en tanto “… institución católica…” estaba inhabilitada para aceptar una tesis que sostuviese ideas contrarias a sus preceptos. La perspectiva de Cárcano era diametralmente opuesta, ya que sostenía que el tema de la igualdad de los hijos era de naturaleza exclusivamente civil, y que bajo esa perspectiva era analizado en su tesis. A partir de estos argumentos insistía en destacar que la universidad era “… una tribuna libre… únicamente cerrada al ataque a las instituciones esenciales de la República”. Negarle la posibilidad de defender su tesis conllevaba la violación del principio de la libertad de pensamiento y, en consecuencia, contenía un ataque contra la “… garantía más alta e inalienable de la Constitución…”.
Cárcano ganó finalmente la pulseada y la tesis fue aceptada. El examen de defensa constituyó un episodio de gran repercusión en la provincia, ya que sus principales proposiciones eran contrarias no sólo a los fundamentos de la religión católica, sino también a los vigentes en el Código Civil redactado por un antiguo hijo de la ciudad y egresado de su universidad, Dalmacio Vélez Sarsfield. La prensa católica de Córdoba publicó días después una pastoral del vicario de la ciudad, Jerónimo Clara, condenando la aprobación de la tesis y prohibiendo su lectura. El vicario rogaba a los “respetables profesores” de la Facultad de Derecho que, en adelante, se inspirasen en el desempeño de sus funciones “… en los deberes que les impone su gloriosa profesión de católicos”. En aquella declaración, el funcionario eclesiástico, además de sus comentarios sobre la tesis de Cárcano, incluía observaciones sobre otros dos temas. Por un lado, advertía sobre el inicio de las clases en la escuela normal de niñas, dirigida por maestras protestantes. No era “lícito”, sostenía, a ningún padre católico enviar a sus hijos a aquella escuela. Por último, condenaba a tres periódicos de la ciudad por “impíos”. Uno de ellos, El Interior, era dirigido por el mismo Cárcano.
A través de estas declaraciones el vicario manifestaba abiertamente su negativa a aceptar el proceso de laicización que, impulsado por las elites gubernamentales, se imponía en distintas esferas de la vida civil y del sistema educativo de la Argentina. La década de 1880 presenció justamente la sanción de una serie de leyes que procuraban abrir caminos en esa dirección. Durante el año 1884, vio la luz la ley 1.420, que consagraba la educación primaria laica, gratuita y obligatoria, y conllevó el fin de la obligatoriedad de la enseñanza de la religión católica en las escuelas. Otras disposiciones de aquellos años, como la imposición de la ley de matrimonio civil en 1888, contribuyeron a la separación entre la esfera civil y la religiosa.
Las repercusiones del conflicto cordobés se hicieron notar en la prensa, que exigió un pronunciamiento de las autoridades nacionales. Esto llevó al ministro de Justicia e Instrucción Pública, Eduardo Wilde, a suspender al vicario de Córdoba y a separar de sus cátedras a aquellos profesores universitarios que se solidarizaron con su actitud. Fueron destituidos Rafael García, Nicéforo Castellanos y Nicolás Berrotarán que, como lo recordara el mismo Cárcano, eran “… los profesores con más años de servicios y sólidamente reputados por su saber y su enseñanza”. La Asociación Católica de Buenos Aires, que aglutinaba a algunas de las figuras más destacadas de la elite política porteña, identificadas con los grupos de esa confesión, condenó la decisión del ministro, sosteniendo que la cesantía de los catedráticos cordobeses contrariaba “… la libertad e independencia del profesorado…”. Denunció, además, la persecución contra la Iglesia como institución y contra los católicos. El gobierno, a su vez, reaccionó destituyendo de su cargo de profesor de derecho constitucional y administrativo de la Facultad de Derecho de Buenos Aires al presidente de aquella asociación, José Manuel Estrada. Como ha señalado el historiador Loris Zanatta, a partir de este conflicto toda una generación de políticos se separó de la elite liberal en su defensa de una concepción católica del orden social y político.
Los representantes del gobierno fueron contundentes y firmes en su disputa con los grupos católicos y los funcionarios del clero. La década de 1880 estuvo caracterizada por un proceso acelerado de concentración de poder en torno del Ejecutivo nacional. Durante aquellos años, el Estado intervino activamente para estimular el crecimiento económico. Por entonces, las guerras civiles ya habían finalizado y, desde el gobierno nacional, se tomaron medidas para proteger las inversiones extranjeras, para la realización de obras públicas y para incentivar la inmigración. Como subrayan a menudo los historiadores, se trató de un proceso exitoso. Entre 1880 y 1916, el PBI creció a una tasa del 6% anual. Un síntoma central de la expansión fue el crecimiento de la red ferroviaria, que comprendía 2.400 kilómetros en 1880 y pasó a 33.700 en 1915. El motor de ese crecimiento fue, por otra parte, la producción y exportación de productos primarios. Otra dimensión central de este proceso fue el aumento de la población, dinamizado por el impacto de las migraciones. El país pasó de 1.737.076 habitantes en 1869 a casi 4 millones en 1895, y a poco menos de 8 millones en 1914. La urbanización acompañó esos cambios. Según el censo de 1869, el 28,6% de la población vivía en ciudades y, en 1914, ese porcentaje ya se elevaba a la mitad de los habitantes.
En este contexto se impulsó una reformulación de todo el sistema educativo. La ya mencionada ley 1.420 estableció la enseñanza obligatoria, gratuita y laica para las escuelas primarias de la Capital Federal y los territorios nacionales. A través de la construcción de un nuevo y moderno sistema escolar bajo control del Estado se procuraba integrar a una población signada por un alto grado de diversidad y heterogeneidad —debida, en gran medida, a su origen migratorio— sobre la base de valores comunes, caracterizados por su impronta laica y su adhesión a valores nacionales. Un objetivo esencial de estas medidas consistía en garantizar la adhesión de la sociedad hacia las autoridades estatales.
Las controversias sobre las tesis
En su Memoria del año 1884, el ministro de Justicia e Instrucción Pública hacía especial referencia a los sucesos cordobeses. En ese marco comentaba los conceptos transmitidos al respecto por el Procurador General de la Nación. Éste le había señalado que el vicario se había arrogado atribuciones del poder civil y había contrariado el espíritu de “… libertad y tolerancia…”, base de la organización social del país. El ministro recordaba en ese mismo documento que era un signo de los tiempos el esfuerzo por diferenciar aquello que en la vida social pertenecía al fuero interno, en materia de creencias, y lo que afectaba a los derechos y deberes de los ciudadanos, en su condición de tales. Al mismo tiempo, hacía notar que la condición de católico, apostólico y romano era prescripta en la Constitución para los cargos de Presidente y Vicepresidente, pero que no se establecía la misma condición para ningún otro funcionario ya fuese éste “… Ministro, Juez o Profesor”. El ministro, como muchos hombres de su generación, veía en la Iglesia a una fuerza opuesta de manera sustancial al progreso y a la modernización del país y entendía que debía ser doblegada por el poder estatal.
Cárcano se convirtió en un personaje conocido en todo el país, e incluso en los círculos gubernamentales ganó un notable reconocimiento y popularidad. Por aquel entonces estaba dando los primeros pasos de una trayectoria política relevante. Había sido ya secretario de dos gobernadores de la provincia, con apenas veinte años. Tiempo después llegaría a ser electo diputado nacional, jefe de la oficina de correos y telégrafos, presidente del Consejo Nacional de Educación y, en dos oportunidades, gobernador de su provincia.
Por otro lado, no era la primera vez que la objeción a una tesis doctoral causaba revuelo en la opinión pública. Sucesos similares tuvieron lugar en Buenos Aires en las décadas de 1860 y 1870. Una de las primeras controversias tuvo como protagonista a Leopoldo Basavilbaso, futuro rector de la universidad porteña, que había presentado una tesis cuya principal proposición sostenía que: “La ley civil no debe considerar al matrimonio sino como un contrato”. En 1864 se produjo un conflicto ante la negativa del profesor de derecho canónico a dar el visto bueno al trabajo presentado por Francisco Alcobendas, dedicado al patronato, es decir, al derecho de las autoridades del Estado para proponer y presentar a las personas destinadas a ocupar los principales cargos eclesiásticos. También en este caso las disputas referían al desarrollo de proposiciones contrarias a los principios sostenidos por la Iglesia Católica. Dos años antes del episodio protagonizado por Cárcano, la discusión había sido provocada por la presentación de la tesis de Julio Sánchez Viamonte, titulada Del Matrimonio. En el mismo año 1884, la disputa se centró en la tesis de Francisco Barroetaveña, referida también al “Matrimonio civil”.
Sin embargo, ninguno de estos episodios tuvo la repercusión del que protagonizó Cárcano. Por entonces, el anticlericalismo era una postura que se volvía cada vez más habitual entre las elites políticas rioplatenses. Cabe recordar aquí que, dentro de la universidad, el principal defensor de Cárcano y padrino de tesis fue Miguel Juárez Celman, por aquel entonces senador nacional, antiguo gobernador de la provincia y futuro presidente de la Nación. El sarcasmo y la irreverencia acompañaban por entonces las expresiones anticlericales de los jóvenes universitarios cordobeses, que se sentían, además, muy cómodos ante el amparo que les brindaba el poder político. Poco tiempo antes de la de Cárcano, había sido presentada en la universidad la tesis de José del Viso, su compañero de ruta en aventuras periodísticas, políticas y también académicas. La tesis versaba sobre “La libertad de testar”. Una vez obtenido el primer ejemplar de la imprenta, del Viso se lo envió al vicario pidiéndole tuviese “… la caridad de condenarlo con una enérgica pastoral”.
Más allá de las anécdotas, los episodios mostraban la resistencia, todavía a finales del siglo XIX, de un modelo de organización de la enseñanza superior que primó desde los tiempos coloniales y cuyo declive fue mucho más lento de lo que a menudo se ha supuesto. La universidad escolástica, moldeada sobre la subordinación a los principios religiosos, todavía se resistía a ser suplantada en las últimas décadas del siglo XIX. Esa resistencia fue, de todas formas, mucho más intensa en Córdoba que en Buenos Aires.
Al cuestionar el funcionamiento de la institución universitaria que, al no aceptar su tesis, no se ajustaba a las normas que ordenaban institucionalmente a la República y que estaban consagradas en la Constitución Nacional, Cárcano confrontaba activamente con las ideas que concebían a la universidad como un organismo vinculado estrechamente a la Iglesia Católica. Por el contrario, defendía la noción de que debía mantenerse como un ámbito de jurisdicción y autoridad nacional y en la órbita del poder público. El profesor no podía, desde esta concepción, subordinarse a autoridades “extrañas” que limitasen las libertades de enseñar y aprender.
Fuente: www.elhistoriador.com.ar
