Autor: Felipe Pigna
La tarde del 14 de junio de 1982 gente no muy acostumbrada a los gases lacrimógenos -oficinistas, amas de casa- y otros, con cierta gimnasia del pañuelo y el bicarbonato eran víctimas en la Plaza de Mayo de una brutal represión. Los que disparaban enloquecidos sus lanzagases eran los esbirros de uno de los peores presidentes de la historia argentina, Leopoldo Fortunato Galtieri, recordado popularmente por su amplia cultura… alcohólica. Y por llevarnos a una enloquecida guerra por una causa justa pero ensuciada al ser promovida por una dictadura cívico-militar absolutamente antinacional incapaz de encabezar ninguna cruzada anticolonialista.
El general Galtieri, que soñaba con tener el carisma de Perón, era en realidad un genocida de triste y recordada actuación represiva en aquel Rosario fabril, portuario y estudiantil que en 1969 se había adelantado a Córdoba en aquello de los “azos”.
Galtieri convocó a un pueblo que ya no era el suyo a la Plaza, que desde hacía cinco años era de las Madres. Pretendía Galtieri explicar que a pesar de los 164 comunicados militares victoriosos expedidos por el “Comando Mayor Conjunto” que él encabezaba, habíamos perdido la guerra. No pudo hacerlo. La gente de toda condición social y edad fue a la Plaza pero para repudiarlo, para decirle que se fuera y que convocara inmediatamente a elecciones.La Junta, en realidad tres jefes militares que lo que menos hacían era juntarse porque estaban irreconciliablemente peleados entre sí, obligó a Galtieri a renunciar y tras el breve paso por la presidencia de personajes increíbles, como el inolvidable mandamás del EAM 78, almirante Lacoste, el 1º de julio asumió el general Reynaldo Benito Bignone, quien vagamente dijo que habría elecciones antes de 1984, “decretó” la apertura política y el libre funcionamiento de los partidos políticos, que pudieron abrir después de más de seis años sus locales y editar legalmente sus periódicos. Las Fuerzas Armadas presentaron en noviembre de 1982 un plan de 15 puntos, redactado por algunos abogados y comunicadores sociales afines, que serían según sus deseos la base de un acuerdo con los partidos políticos. Les preocupaba entre otras cosas a los civiles y militares de la dictadura: la “lucha antisubversiva”, los desaparecidos, el manejo de la deuda externa, las secuelas de Malvinas y la participación institucional de las Fuerzas Armadas en el próximo gobierno democrático.
Pero el plan de lucha lanzado por la CGT, el desarrollo del Movimiento de Juventudes Políticas y un creciente e irrefrenable prestigio de los organismos de derechos humanos obligó al conjunto de los partidos, nucleados en la Multipartidaria, a rechazar de plano el acuerdo. Los últimos exponentes del “Proceso” decidieron avanzar por su cuenta y el 28 de abril de 1983 lanzaron su “Documento Final sobre la lucha contra la subversión” y el “Acta Institucional”, donde plantearon que todos los actos violatorios de los derechos humanos no podían ser juzgados.
La decadencia de la dictadura era total. Carecía del más mínimo respaldo internacional y las cuentas fiscales estaban en absoluta bancarrota, lo que no impidió que el Estado se hiciera cargo de las deudas contraídas con bancos extranjeros por los empresarios más poderosos del país, conocidos como los “capitanes de la industria” por su afinidad con los dictadores militares.
En nombre del liberalismo, el mismo que proclamaba hasta hace unas semanas el no intervencionismo del Estado, la deuda privada de casi 15.000 millones de dólares fue estatizada y todos los argentinos fuimos obligados a hacernos cargo de la proclamada insolvencia de los astutos capitanes y sus socios, los generales, almirantes y brigadieres.
El mecanismo utilizado fue el de los seguros de cambio. Este invento de los autodenominados liberales argentinos obligaba al Estado, cuya intervención en este caso sí era bien vista, a pagar la diferencia entre el valor del dólar de 1981-82 y el que regía en el momento en que el deudor privado tomó la deuda.
Como Domingo Cavallo suele despegarse de la responsabilidad exclusiva de la estatización de la deuda externa privada, vale la pena conocer al staff completo de los co-responsables, según la notable investigación de Alejandro Olmos: los ministros de Economía Lorenzo Sigaut, Roberto Alemann, José María Dagnino Pastore y Jorge Wehbe y los presidentes del Banco Central Julio Gómez, Egidio Ianella, el propio Domingo Felipe Cavallo y Julio González del Solar.
El 16 de diciembre la Multipartidaria realizó una imponente «Marcha por la Democracia» en Plaza de Mayo. Se produjeron incidentes y la policía cargó contra los más de 100 mil manifestantes y uno de ellos, el joven obrero metalúrgico salteño de 28 años Dalmiro Flores, quedó muerto sobre la plaza.
El año 1983 se inició con una triste noticia. El 18 de enero murió el ex presidente Arturo Illia. Su funeral se constituyó en un punto de encuentro de todas las fuerzas democráticas del país y se convirtió en un acto de repudio a las autoridades de facto.
El 28 de marzo la CGT lanzó un nuevo paro general contra la política económica de la dictadura. Esta vez la medida de fuerza logró un acatamiento del 90%.
Opinadores mediáticos y hasta jefes de la dictadura comenzaban a abandonar aquel barco que se hundía. Un pionero había sido el almirante Emilio Massera, uno de los máximos responsables de la masacre del pueblo argentino que había declarado pocos años antes como si él fuera un turista: “Como antiguo protagonista del Proceso, mi propia desazón no conoce límites cuando veo, a más de cinco años de haber dado comienzo a lo que iba a ser una etapa importante de la historia, que no hemos alcanzado ninguno de los objetivos, excepto la victoria armada contra el terrorismo. Mientras millones de ciudadanos son llevados a la pobreza, selectos grupos de elegidos aumentan sus riquezas sin el menor pudor, sobre la base de la especulación y a costa de destruir el aparato de producción. Ya ni vale la pena hablar de estas cosas, pero no creo que haya un solo argentino que no lo sepa, que no lo mastique en su legítimo resentimiento. Es un precio muy alto pagado por las mujeres y los hombres de esta tierra, como para que ahora nos conformemos diciendo que se hizo un experimento y el experimento falló. Y falló. Hay que recorrer la República como yo lo hago para comprobar que, de una punta a la otra, la ciudadanía está convencida de que falló”. 1
A pesar de la apertura política el aparato represivo del gobierno militar continuó funcionando y el 17 de mayo fueron asesinados por policías bonaerenses los militantes montoneros Osvaldo Cambiasso y Enrique Pereyra Rossi.
Los militares y sus socios civiles habían logrado amnistiar la deuda que hambreaba al país y enriquecía curiosamente a una selecta minoría de morosos millonarios, la deuda que pesa y pesará sobre nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. Les faltaba la otra amnistía, la de la represión ilegal.
La Junta Militar dio a conocer lo que denominó el «Documento Final Sobre la Lucha Antisubversiva», en el cual declaró que sólo Dios y la historia podrán juzgar los hechos del pasado reciente y que los desaparecidos “a los efectos jurídicos se considerarán muertos”.
El documento provocó el inmediato rechazo de los organismos de derechos humanos, de todo el arco político opositor y aumentó el aislamiento internacional del gobierno militar al recibir duras críticas por parte del Papa. Desconociendo el dogma cristiano de la infalibilidad papal, el Episcopado argentino, a través del obispo Antonio Quarracino, calificó al documento de “valiente y bien hecho” con “aspectos positivos que pueden constituir un paso hacia la reconciliación”.
Aquel mamotreto dictatorial -que invocaba “a Dios y a la historia como únicos y supremos tribunales para los actos cometidos”- tuvo su complemento “legal” en el decreto-ley 22.294, firmado por el general-presidente Bignone el 23 de septiembre de 1983, por el cual se establecía una verdadera autoamnistía y prohibía la investigación y el juzgamiento de los hechos represivos en los que estuvieran involucrados miembros de las Fuerzas Armadas y colaboradores civiles.
Mientras tanto, cobraban fuerza los preparativos electorales y las urnas, que según Galtieri estaban “bien guardadas”, comenzaron a prepararse para recibir millones de votos.
El radicalismo eligió la fórmula Raúl Alfonsín-Víctor Martínez. Por su parte, el justicialismo proclamó el binomio Ítalo Luder-Deolindo Bittel. El miércoles 26 de octubre al pie del Obelisco el radicalismo cerró su campaña. Ante unas 800 mil personas Raúl Alfonsín concluyó su discurso con el Preámbulo de la Constitución Nacional. Dos días después en el mismo lugar el peronismo reunió casi un millón de personas. El discurso moderado del Dr. Luder contrastó con la actitud violenta del candidato a gobernador de Buenos Aires, Herminio Iglesias, quien quemó un ataúd con el logo de la UCR. El 29 de octubre finalmente se levantó el estado de sitio vigente desde noviembre de 1974 y al día siguiente varios millones de argentinos estrenaron sus DNI.
Recibían con orgullo el sello que certificaba la votación. Tras tantos años de proscripción, nadie quería dejar de ejercer su derecho y la cifra de participación electoral fue una de las más elevadas de nuestra historia.
Para sorpresa de muchos, se impuso el candidato radical Raúl Alfonsín con el 52% de los votos sobre Ítalo Luder, que obtuvo el 40%. Aquella noche en los festejos, la consigna más escuchada fue “Se van y nunca volverán”.
Comenzaba a terminar la pesadilla más negra de la historia argentina.
La dictadura se iba, dejando tras de sí las ruinas de un país arrasado. Miles de desaparecidos, familias destruidas, la industria nacional herida de muerte, las cicatrices de una guerra perdida, una deuda externa que condicionaba cualquier política de gobierno, niños desnutridos y analfabetos, una sociedad menos solidaria y más individualista, y el eco de un discurso oficial que durante años había hecho creer que la utopía era sinónimo de estupidez. Los militares y los grupos económicos que se enriquecieron aun más durante su gestión, no se iban derrotados, sólo abandonaban el gobierno.
Eran muchas las urgencias, las demandas, las necesidades, pero también era muy grande la esperanza de todo un pueblo por aquellos días de 1983 en revertir la pesada herencia y construir una sociedad más justa y democrática.
Fuente: www.elhistoriador.com.ar
