El 23 de noviembre de 1983 la revista Siete Días salía a la calle con una edición que detonaba el manto de silencio impuesto sobre la guerra de Malvinas. Mucho se había dicho y denunciado, pero ahora trascendía a la opinión pública un informe crítico producido por los mismos militares.
Se trataba del Informe Final de la Comisión de Análisis y Evaluación de las Responsabilidades Políticas y Estratégico Militares en el Conflicto del Atlántico Sur, más conocido por el apellido de quien presidió la comisión, el teniente general Benjamín Rattenbach.
Esta comisión había sido creada por decreto secreto el 2 de diciembre de 1982 y tenía como misión asesorar a la Junta Militar para establecer responsabilidades y sanciones entre militares y civiles. Conformada por seis oficiales mayores, dos por cada fuerza, debería instalarse en el Congreso Nacional y solicitar informes, documentos, testimonios, antecedentes y todo elemento que se estimara útil, para “aclarar en forma completa y veraz lo sucedido”, pues “así lo exigen la soberanía nacional agraviada, la dignidad de la República Argentina y el honor de sus Fuerzas Armadas”.
El 16 de septiembre de 1983 se entregaron los resultados de la investigación: 17 volúmenes, 15 capítulos y 890 párrafos numerados, donde se analizaban con minuciosidad los antecedentes del conflicto y las actuaciones de los mandos durante la guerra y se establecían responsabilidades y penas. “La justicia deberá aplicarse con el rigor que corresponda a quien hubiese procedido con negligencia o impericia, tanto en lo político cuanto en lo militar, más aun cuando esto hubiese ocurrido en ejercicio de las altas responsabilidades de gobierno”, advertía el informe.
El contenido iba mucho más allá de lo que la Junta se había imaginado al momento de su creación. Las conclusiones sobre las responsabilidades de los altos mandos militares y civiles en la guerra fueron devastadoras y se recomendaban penas severísimas para los máximos responsables, que incluía la posibilidad de la pena de muerte. Por ello mismo, fue ordenado el ocultamiento de las copias existentes.
Pero el informe trascendió a la prensa. En dos ediciones seguidas, a fines de noviembre de 1983, la revista Siete Días alcanzó a publicar más de la mitad de la investigación, con una cobertura especial que conmovió al país. No obstante ello, el informe jamás fue revelado oficialmente. Recién el pasado 7 de febrero de 2012, la presidente Cristina Fernández de Kirchner firmó el decreto 200 que dispuso la desclasificación del Informe Rattenbach.
En esta oportunidad, ponemos al servicio de los lectores de El Historiador algunas de las conclusiones a las que llegó la comisión al analizar todo el proceso de negociaciones abierto una vez que se inició la guerra, desde los preliminares con la intervención de Estados Unidos y su secretario de Estado Alexander Haig, los intentos del Perú y las iniciativas ante las Naciones Unidas.
En Artículos relacionados, al final de este documento, podrán acceder a otros fragmentos del Informe Rattenbach.
Fuente: Revista Siete Días, Nº 858 (23/11/83) y 859 (30/11/83), Presidencia y www.cescem.org.ar
Informe Rattenbach – II Parte – Capítulo IV: Las negociaciones a partir del 2 de abril de 1982. Conclusiones finales
570. Los planes trazados para la ocupación no definieron con claridad el objetivo político, pero los ex comandantes y el canciller declararon que siempre se pensó en un objetivo limitado, es decir, «ocupar para negociar». Aceptando como válido este objetivo, de acuerdo con lo desarrollado en el Capítulo IV, el gobierno militar tuvo diferentes oportunidades para alcanzar este propósito.
Estas fueron las siguientes:
a. Resolución 502 del Consejo de Seguridad, cuyo cumplimiento era obligatorio. Su acatamiento nos habría colocado en la mejor posición para el éxito de las negociaciones (Capítulo II).
b. La mediación del general Haig, que culminó con la propuesta del 27 de abril y sobre cuyo contenido se expidió esta Comisión en los párrafos 301 a 401 de este capítulo.
c. La intervención del presidente del Perú, cuya breve propuesta, en principio, la Junta aceptó y luego rechazo por decisión que no habría contado con la aprobación y el conocimiento del total de sus integrantes (párrafos 402 a 426 de este capítulo).
d. La propuesta británica del 17 de mayo, canalizada a través del señor Pérez de Cuellar, que ofreció la última oportunidad para una salida que no significara la confrontación definitiva y a cuyo contenido esta Comisión se refiere en los párrafos 490 a 495 de este capítulo.
571. Por los antecedentes recogidos, esta Comisión concluye:
a. Desde que se produce el incidente Georgias (23/31-MAR) hasta la caída de Puerto Darwin-Green Goose (29-MAY) la Junta nunca estuvo dispuesta a negociar, en la verdadera y cabal acepción de lo que significa una negociación internacional, entendiendo como negociación fijar condiciones desde una posición alcanzada; que se creía era una posición de fuerza; y que la otra parte debía aceptar.
b. La facilidad de la ocupación sin resistencia y el júbilo popular ante la reivindicación que erróneamente se interpretó como un vuelco masivo de la población en apoyo del gobierno, afectó el discernimiento objetivo de los responsables, que quedaron atrapados por el tono bélico de sus declaraciones y discursos.
c. Los éxitos de las operaciones aéreas, aun a costa de las fuertes pérdidas sufridas y la creencia sostenida de que la defensa terrestre de las Islas era inexpugnable, los llevó al convencimiento de que los británicos no podrían soportar este enorme desgaste…
d. Esta idea perduró hasta los días previos al colapso de Puerto Argentino. Se esperaba que la posición podría soportar el asedio británico por 72 horas más, plazo éste en el cual el enemigo se vería obligado a negociar un alto el fuego…
e. Por lo menos al iniciarse las operaciones (días previos al 01 de Mayo), el Comando Militar, como órgano supremo de la conducción de la guerra, debió instalase en un lugar fijo durante las 24 horas del día, es decir, establecer un cuartel general, donde se debía concentrar la información política y militar, para asegurar su oportuna evaluación y asegurar la rápida y eficaz emisión de las órdenes. Esto no ocurrió. Los comandantes tomaron decisiones unilaterales y hubo días en que ni siquiera se reunieron.
f. Quedaron en evidencia graves fallas en el «proceso de decisión debidas a la naturaleza colegiada del organismo supremo -que físicamente estaba disperso- a la interferencia de asesores cercanos al presidente y a los compromisos asumidos ante las distintas fuerzas. No se tomaron decisiones oportunas para aprovechar propuestas diplomáticas que hubieran revertido una situación militar que no tenía solución favorable y se tornaba más grave día a día.
Fuente: www.elhistoriador.com.ar
